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Progresos y rezagos en la fuerza laboral del sector público en América Latina

31 de Mayo 2017
Executive Education INCAE
 

La realidad de las administraciones públicas en América Latina ofrece una de cal y otra de arena. En la última década mejoró notablemente la contratación basada en méritos y la transparencia en los procesos de reclutamiento, pero la evaluación del desempeño y la razonabilidad salarial sigue siendo áreas deficitarias.

Son algunas de las conclusiones más llamativas del estudio ‘Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017’, encargado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para tomarle el pulso a la región más desigual del mundo, a pesar del esfuerzo de muchos países por mejorar su desempeño jalonados por sus sectores públicos.

La creación de portales web de empleo público y el fortalecimiento de los organismos de servicio civil parecen haber dado resultados positivos. El mérito en el servicio civil fue el área de la Gestión de Recursos Humanos (GRH) que más mejoró desde 2004. El índice que mide las garantías de profesionalismo en los sectores públicos pasó de 33 a 45 y refleja la alta prioridad que los gobiernos han dedicado a mejorar la calidad de su fuerza de trabajo. 

Se mide mediante tres puntos críticos: reclutamiento abierto a personas con suficientes requisitos, mecanismos para evitar las arbitrariedades y la ausencia de criterios políticos para despedir profesionales o rescindirles los contratos.

La puntuación mejoró en 11 de los 16 países medidos, se mantuvo en tres de ellos y disminuyó en dos: México y Bolivia. Notables fueron las mejorías en Ecuador, Perú, Paraguay, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, aunque Brasil, Costa Rica y Uruguay son los mejor ubicados. 

En general, la región se encamina bien, pero los tropiezos vienen a la hora de las remuneraciones y medir el desempeño.

Para empezar, hay dificultades grandes para medir la calidad del trabajo de los servidores públicos más allá de procesos formales que, por inaplicables, acaban convirtiéndose más en ritos que en herramientas. No son buenos los resultados tras sopesar puntos como el establecimiento de pautas claras, la medición del desempeño y la comparación de las evaluaciones con los rendimientos esperados

La calificación general de la región pasó de 25 a 31 y sigue siendo una de las áreas menos desarrolladas en GRH, señala el estudio.

Una de las causas es la correlación entre la evaluación y premios monetarios, lo que propicia benevolencia en los encargados de la medición del desempeño. Uruguay y El Salvador fueron países donde disminuyó este indicador, mientas Costa Rica, República Dominicana, Perú y Nicaragua mostraron un progreso después de estos últimos diez años. Chile, el mejor ubicado, mantuvo su posición con un puntaje de 73, mayor incluso que el promedio en todos los países miembros de OCDE.

La peor noticia, sin embargo, viene en el rubro de compensación. Es donde más oportunidades de mejora hay, por decirlo de manera elegante. La mayoría de los sistemas de clasificación de puestos y de sistemas salariales se confeccionan por partes como resultados de negociaciones salariales parciales y atendiendo a incentivos políticos más que técnicos. Esto genera problemas al momento de cumplir con los objetivos de tener un capital humano idóneo, motivado y sostenible desde el punto de vista presupuestario.

El promedio creció de 29 a 35, sí, pero fue el incremento más limitado de todo el estudio. Además, todos los puntos de partida de los países estaban bastante bajos, a excepción de Chile, Brasil y Uruguay. 

Se destaca el caso de Costa Rica, que impulsó una ambiciosa reforma salarial para mejorar los ingresos y retener el mejor personal, aunque con consecuencias fiscales problemáticas.

En la región priman las inequidades salariales (personas que ocupan cargos iguales y reciben salarios distintos o profesionales con un ingreso mayor al de sus superiores). Lo peor es que conforme pasa el tiempo las desigualdades empeoran, además de sistemas complejos y poco transparentes que se vuelven difíciles de manejar desde un Gobierno central.

Esta es la situación encontrada por los autores del estudio en una región en donde el tamaño del Estado es sustancialmente menor al promedio en OCDE. En América Latina el gasto público alcanza el 31% del PIB, mientras la media en la organización supera el 41%. 

Para peores, las políticas fiscales mal enfocadas limitan la recaudación de impuestos de manera justa y también el potencial distributivo en las poblaciones. Estos y otros factores hacen que la desigualdad latinoamericana sea un 70% mayor que dentro de los países OCDE. Eso es terreno apto para la generación de problemas sociales y la exclusión.